Por Jessica E. Martínez 

The Progressive - OPINIÓN | 20 de febrero 2026

Nota: La versión original de esta columna fue publicada en inglés en The Progressive Magazine.

En todo el país, las personas están saltándose comidas y atrasándose en los pagos de vivienda mientras los despidos, la automatización y la reducción de las protecciones laborales profundizan la inseguridad. El mensaje que muchos trabajadores escuchan es simple: eres reemplazable.

En ese clima, las personas aceptan trabajos peligrosos y guardan silencio sobre los riesgos. Omiten pausas para hidratarse en condiciones de calor extremo, evitan pedir capacitación y callan ante equipos defectuosos porque no pueden arriesgarse a perder un turno. El temor a represalias ha creado un efecto paralizante en algunas de las industrias más peligrosas de Estados Unidos.

Esto no es solo inestabilidad económica. Es una crisis de seguridad en el trabajo.

El personal de cumplimiento de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) se mantiene en un mínimo histórico, una realidad que el Inspector General de la agencia advierte que aumenta el riesgo de que peligros graves queden sin supervisión. En lugar de enfrentar este momento, el gobierno federal está retrocediendo en su responsabilidad.

OSHA aún no cuenta con una norma federal sobre el calor, incluso cuando las temperaturas récord ponen en peligro tanto a trabajadores en interiores como en exteriores, y existen renovados esfuerzos por debilitar la Cláusula de Deber General, el requisito básico de que los empleadores proporcionen lugares de trabajo seguros.

Estos no son debates abstractos de política pública. Determinan si las personas trabajadoras regresan con vida a casa.

Una reciente propuesta presupuestaria de la Cámara de Representantes eliminaría el Programa de Subvenciones de Capacitación Susan Harwood, que durante décadas ha ayudado a trabajadores a comprender los riesgos y prevenir lesiones. Los recortes también amenazan la capacidad de OSHA para realizar labores de alcance comunitario y cumplimiento precisamente cuando más se necesitan. Sin capacitación, menos trabajadores conocen sus derechos. Sin alcance, menos trabajadores alzan la voz. Sin cumplimiento, más trabajadores resultan heridos o mueren.

En 2023, según un informe de la AFL-CIO, más de 5,200 trabajadores murieron en el trabajo y se estima que 135,000 fallecieron por enfermedades ocupacionales. Eso equivale a aproximadamente 385 muertes por día. Estas cifras están ampliamente subregistradas, especialmente en industrias de bajos salarios donde las represalias, las barreras lingüísticas y el miedo relacionado con el estatus migratorio mantienen a los trabajadores en silencio.

La agricultura, la construcción, el transporte y el almacenamiento siguen siendo algunos de los sectores más peligrosos, y están desproporcionadamente integrados por trabajadores negros y latinos. Cuando las personas tienen miedo de hablar, las violaciones se multiplican y las condiciones se deterioran. Las personas trabajadoras están pagando el precio de un sistema construido sobre el silencio.

La codicia corporativa está alimentando esta crisis. Mientras los directores ejecutivos reciben bonificaciones récord, a trabajadores de primera línea se les dice que acepten salarios bajos y condiciones inseguras. Las empresas recortan medidas de seguridad para aumentar sus ganancias, habilitadas por una aplicación débil de las normas de seguridad laboral. OSHA ha dependido en gran medida de la asistencia para el cumplimiento, un enfoque más suave que prioriza la orientación sobre la rendición de cuentas.

Pero la seguridad laboral no es opcional.

Necesitamos acción urgente. El Congreso debe financiar plenamente a OSHA para que pueda hacer cumplir la ley, reconstruir su capacidad de personal y restaurar programas centrados en las personas trabajadoras como el Programa de Subvenciones de Capacitación Susan Harwood. OSHA debe finalizar e implementar una norma federal sólida sobre el calor que refleje las realidades que las personas trabajadoras ya enfrentan. Los responsables de formular políticas deben rechazar cualquier intento de debilitar la Cláusula de Deber General.

El público también tiene un papel que desempeñar. Debemos apoyar a los centros de trabajadores, los sindicatos, los grupos del Consejo Nacional de y Salud Seguridad Ocupacional (COSH) y a los defensores locales de la seguridad que se organizan por empleos más seguros. Y debemos rechazar la tendencia a culpar a las personas trabajadoras y a inmigrantes por la inestabilidad económica. La verdadera amenaza es el poder corporativo sin control y la inacción política.

Las personas trabajadoras no son víctimas pasivas. Son expertos en sus trabajos y en los riesgos que enfrentan. Cuando sus voces dan forma a las políticas, los lugares de trabajo se vuelven más seguros. Cuando se les silencia, las consecuencias se miden en funerales y facturas hospitalarias.

Los empleos seguros no son un lujo. Son un derecho humano. No podemos construir una economía fuerte sobre las espaldas de trabajadores quebrantados. No podemos pedirle a la gente que elija entre pagar la renta y mantenerse con vida. Si realmente nos importa el costo de vida y la justicia, la seguridad laboral debe estar en el centro de la agenda nacional. Es hora de poner a las personas por encima de las ganancias y actuar antes de que se pierdan más vidas.

Esta columna fue producida para Progressive Perspectives, un proyecto de la revista The Progressive, y distribuida por Tribune News Service.